El enfrentamiento es permanente. El partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, aliada a la derecha que representa a la clase empresarial (CONFIEP), y cuenta con el apoyo del Partido Aprista, para no aceptar las reformas en la constitución y adelantar la fecha de las elecciones generales para el 2020. Atacan la gestión presidencial de Martín  Vizcarra , porque ha emprendido una lucha profunda para erradicar la corrupción, en la que están comprometidos cuatro expresidentes de la República, Keiko, en prisión preventiva, la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán en prisión preventiva, el ex alcalde de Lima Luis Castaneda, jueces, fiscales altos directivos de la empresa constructora Grana y Montero su presidente José Grana MQ, el Club de la Construcción 20 empresas constructoras que sobornaban a funcionarios del gobierno y otros, que serán encarcelados por delitos de lavado de activos y soborno. 

Los congresistas fujimoristas y apristas blindan a fiscales y jueces con la impunidad para impedir que vayan a juicio. Así mismo, a sus propios militantes denunciados por delitos de corrupción. 

Los fiscales que realizan la investigación de los delitos de corrupción, que trabajan profesionalmente de manera honesta, son hostilizados y realizan campañas para destituirlos para impedir la investigación final. Y todo quede oculto.

El conflicto también se extiende al Poder Judicial.   El presidente Vizcarra solo tiene respaldo popular en las calles porque están hartos de los congresistas ineficiente y corruptos, piden a gritos que cierre el congreso y llame a nuevas elecciones. En el mes de setiembre va a haber una fuerte movilización social en las calles de Lima y de provincias para apoyar al presidente que cierre el congreso y convoque a nuevas elecciones.

Situación Económica.

La economía se enfría, el proyectado de crecimiento económico a 3.7 del PBI no llegará ni a 3%.  La inversión privada está paralizada y el gasto público muy reducido. Los planes del gobierno en infraestructura, y en reducir la pobreza avanzan muy lentamente o no se concretan. La burocracia es ineficiente, existe mucha corrupción.

La conflictualidad social se acentúa en el campo minero. Tal es el caso de la mina Tía María (inversión Mil trecientos millones de dólares) en el departamento de Arequipa, es rechazada por los agricultores del río Tambo. No quieren mina porque perjudica el impacto medio ambiental a sus cultivos y al agua. Hay otro caso de conflictualidad en minas de los departamentos de Cusco, Apurímac y Puno. Los campesinos no tienen confianza en las empresas mineras por sus antecedentes, que en el pasado no cumplieron en cuidar el medio ambiente. La situación es muy tensa por la huelga indefinida declarada por los campesinos del Valle Tambo.

Están paralizadas las inversiones, 20 mil millones de dólares en proyectos de explotación minera inmediata.

Otro problema, hemos admitido 800,000 migrantes venezolanos que huyen del régimen del presidente Maduro por la gran crisis económica que atraviesa Venezuela. Ya se está produciendo desempleo y son reemplazados por venezolanos que le pagan menos sueldos, en comparación con los peruanos. 

En conclusión, existe una gran incertidumbre económica y una gran tensión política y social.